En Bolivia, la tensión política ha escalado dramáticamente en el Chapare, una región conocida por sus extensos cultivos de coca. La disputa se centra entre el expresidente Evo Morales y el actual mandatario, Luis Arce. El conflicto se intensificó cuando campesinos tomaron cuarteles militares y retuvieron soldados como rehenes, demandando la liberación de caminos bloqueados y el retorno de Morales a la arena política para las elecciones de 2025. A pesar de los esfuerzos del gobierno por recuperar el control, la intervención militar en la región ha resultado en críticas, ya que las medidas han afectado al comercio y a la vida cotidiana de gran parte del país. La situación se ha visto agravada por acusaciones de abuso judicial contra Morales, que él mismo ha tildado de motivación política en medio de una aparente fractura en el partido gobernante.
La complejidad de la crisis se profundiza con la retirada de policías y funcionarios de la zona, mientras que la Coordinadora de las Federaciones de Productores de Coca toma las riendas de la gobernabilidad local. Morales, siempre una figura central, lidera una huelga de hambre junto a otros políticos desde Lauca Eñe, exigiendo la atención de sus demandas. A su vez, la respuesta del estado ha sido incrementar las fuerzas policiales para desarticular los bloqueos, lo que ha resultado en enfrentamientos violentos, arrestos y nuevas acusaciones de terrorismo contra los cocaleros. Aunque Morales ha solicitado un alto temporal a las protestas, las divisiones dentro de las filas cocaleras sugieren que la tensión persiste, complicando aún más un eventual acuerdo que apacigüe la creciente crisis política y social del país.
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