El Gobierno en Moncloa ha mostrado su molestia respecto a las afirmaciones del juez Hurtado, quien sugirió que el fiscal general García Ortiz actuó siguiendo «indicaciones de Presidencia». Según fuentes oficiales, esta acusación ha sido considerada como «grave» y carece de una base probatoria sólida. La controversia surge en el contexto de recientes decisiones judiciales que han tenido repercusiones políticas significativas, y el ejecutivo ha calificado dichas afirmaciones de infundadas, exigiendo una revisión del proceso argumental empleado por el juez.
Esta situación añade tensión en un ambiente político ya cargado, donde la independencia judicial está bajo constante escrutinio. Representantes legales y políticos han salido en defensa del fiscal, subrayando que cualquier insinuación sobre influencias indebidas debe ser respaldada con evidencia clara y concluyente. La reacción desde Moncloa destaca la sensibilidad del gobierno ante insinuaciones sobre su influencia en decisiones del poder judicial, insistiendo en que estas afirmaciones pueden afectar la confianza pública en ambas instituciones.
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