En un esfuerzo coordinado sin precedentes, los alcaldes y alcaldesas de varios municipios de la Comunidad de Madrid, incluida la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, han constituido la comisión de líderes municipales para declarar zonas tensionadas en el ámbito residencial, un movimiento destinado a aliviar la actual crisis de vivienda que azota a la región. Este acto, celebrado recientemente, pone de manifiesto la urgencia con la que estos municipios, como Alcorcón, Fuenlabrada, Parla, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Ciempozuelos, Coslada y San Fernando de Henares, buscan respuestas efectivas a un problema que cada día afecta a más familias.
Este esfuerzo conjunto busca impulsar una modificación esencial en la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid de 2001, apoyándose en la reciente Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda. Sin embargo, la Comunidad de Madrid bajo la dirección de Isabel Díaz Ayuso aún no ha implementado las regulaciones necesarias, a pesar de las repetidas solicitudes desde septiembre de 2023, cuando Getafe se adelantó al reclamar su condición de Zona Tensionada.
La alcaldesa de Getafe ha expresado su frustración al destacar que, tras más de un año de solicitudes formales, la respuesta de la Comunidad de Madrid sigue en el limbo, mientras el acceso a la vivienda se vuelve una quimera para muchas familias. «La política de vivienda debe constituirse como el quinto pilar del Estado de Bienestar,» afirma Hernández, destacando la importancia de la intervención pública para asegurar el acceso adecuado de la ciudadanía a viviendas asequibles y dignas.
Este movimiento no busca solo establecer un procedimiento claro para la declaración de zonas tensionadas, sino también crear un marco que permita a los municipios abordar de manera efectiva el déficit de vivienda social, adaptándose a las especificidades territoriales. La propuesta podría beneficiar no solo a los municipios implicados inicialmente, sino a los 179 municipios de toda la Comunidad de Madrid que enfrentan similares desafíos.
Los ayuntamientos firmantes reafirman la necesidad de una cooperación interadministrativa robusta, subrayando que las políticas de vivienda no son solo un derecho, sino un requisito fundamental para el desarrollo integral de las personas y sus familias. Este llamamiento a la acción conjunta es visto como un paso crítico para abordar un problema que, hasta ahora, ha carecido de soluciones efectivas por parte de las autoridades autonómicas competentes.
Al unir esfuerzos, los alcaldes y alcaldesas de estos municipios reiteran su compromiso de trabajar incansablemente por el bienestar de sus ciudadanos y esperan que su lucha inspire un cambio legislativo que garantice el derecho a una vivienda adecuada para todos, sin excepción.
