Una corte estatal en Nueva York ha invalidado el uso de una ley del siglo XIX que pretendía evitar el traslado de migrantes en autobuses desde otras ciudades, particularmente desde Texas, hacia la Gran Manzana. La normativa, considerada «antipobres» y que databa de 1817, había sido invocada por el alcalde Eric Adams en un intento por frenar lo que describía como un aumento en la carga pública debido al creciente número de inmigrantes. Sin embargo, la jueza Mary Rosado dictaminó que no es legal que los estados regulen el transporte de personas en función de su situación económica, ya que esto contraviene los derechos de libre tránsito de los individuos. Este fallo se enmarca en un contexto donde la ciudad de Nueva York se ha destacado por su política de ofrecer albergue a más personas sin hogar que cualquier otra urbe en el país, una obligación que deriva de un fallo judicial de 1981 que exige a la ciudad proporcionar refugio a todos los que lo requieran.
A lo largo de los últimos dos años, más de 200.000 inmigrantes han recibido algún tipo de servicio de albergue en Nueva York, según fuentes oficiales de la ciudad. Esta cifra destaca la capacidad de la metrópoli para responder a las necesidades emergentes de alojamiento, a pesar de estar enfrentando un déficit presupuestario sustancial. La decisión de la corte representa un alivio temporal para las políticas de acogida de Nueva York, aunque mantiene el desafío de equilibrar la prestación de servicios esenciales con la sostenibilidad financiera de la ciudad. La situación resalta la tensión entre las jurisdicciones locales y las políticas estatales y federales en torno a la migración y el bienestar social, un tema que seguirá siendo objeto de controversia y debate en el futuro próximo.
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