La entrada ilegal de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, a España ha desencadenado una fuerte polémica que involucra a varios miembros del Gobierno español. El presidente Pedro Sánchez inicialmente justificó el incidente calificándolo como «una visita privada», mientras que la ministra Pilar Alegría aseguró que se trató solo de «una parada técnica» para el descanso del personal del avión. Esta falta de coherencia ha generado críticas sobre la coordinación del Ejecutivo, destacando una aparente «máquina de mentiras» que no logra ni siquiera presentar una defensa armónica ante la opinión pública.
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que hasta siete ministros y la presidenta del Congreso estaban al tanto de los eventos ligados a la visita de la dirigente venezolana. La documentación deja entrever que algunos funcionarios, como Francina Armengol y Víctor Torres, mantenían fuertes conexiones con los implicados, y que el asesor Koldo García estaba estrechamente vinculado con José Luis Ábalos. La situación ha expuesto la presunta inmunidad con la que actuó la organización liderada por Víctor de Aldama dentro de varios ministerios. En este contexto, el gobierno de Pedro Sánchez trata de contener el escándalo, principalmente dirigiendo la responsabilidad hacia el entorno de Ábalos, mientras lidian con una reacción descoordinada y caótica ante el escándalo.
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