En un esfuerzo por asegurar el cumplimiento de las normas vinculadas a la política agrícola y medioambiental, el Ministerio de Agricultura ha lanzado las Circulares de Coordinación 2/2025 y 3/2025. Estas directrices buscan fortalecer los controles y las penalizaciones para garantizar una implementación efectiva de la condicionalidad reforzada en todo el territorio nacional.
La Circular de Coordinación 2/2025 destaca por establecer los criterios mínimos necesarios para la realización de controles que verifiquen la adherencia a las normativas de condicionalidad reforzada. Esta condicionalidad se refiere a las obligaciones que deben cumplir los agricultores y ganaderos para poder acceder a ciertos beneficios y subvenciones, asegurando que las prácticas agrarias respeten tanto la normativa comunitaria como la nacional. Entre las novedades presentadas en esta circular se detalla un plan de supervisión exhaustivo que involucra tanto a entidades públicas como privadas, con el objetivo de promover un sistema mucho más robusto y eficiente.
Por su parte, la Circular de Coordinación 3/2025 aborda el enfoque de penalización, introduciendo los criterios básicos para su aplicación uniforme. Este documento busca no solo sancionar el incumplimiento, sino también fortalecer el compromiso entre productores para conservar el medio ambiente y cumplir con los estándares exigidos por la Unión Europea. La circular especifica que las penalizaciones serán proporcionadas al grado de incumplimiento, abarcando desde sanciones económicas hasta la pérdida de beneficios futuros.
Ambas circulares, publicadas recientemente en la página oficial del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), representan un paso significativo hacia una política de cumplimiento más rigurosa, adaptada a las exigencias de sostenibilidad y respeto medioambiental de la agricultura moderna.
La implementación de estas normativas es crucial para alinear las prácticas agrarias con los objetivos del Pacto Verde Europeo y asegurar que las actividades agrícolas en España se lleven a cabo de manera sostenible. La comunidad agrícola, por su parte, está llamada a adoptar estas normativas con responsabilidad, en busca de un sistema más equitativo y sustentable para todos.
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
