El escándalo de abuso sexual infantil en Telford, Reino Unido, ha reabierto las heridas en torno a la profunda negligencia de las autoridades británicas frente a una serie de delitos que afectaron a más de 1.000 niñas durante tres décadas. Samantha Smith, una de las víctimas, expone cómo fue sometida a abusos desde los cinco años, apuntando directamente a la inacción del gobierno liderado por Keir Starmer, quien ha sido criticado por su negativa a investigar adecuadamente los crímenes cometidos por bandas, en su mayoría de origen pakistaní. El caso de Smith y otros similares nunca llegaron a una condena, reflejando un alarmante 96,5% de impunidad en delitos sexuales en el país. Este panorama, avivado por el miedo a la corrección política, recuerda cómo ciudades como Rotherham lograron destapar anteriormente círculos de abuso gracias al coraje de sus denunciantes.
Las revelaciones del periódico Daily Mirror, fruto de 18 meses de investigación, detallan un modus operandi que incluía el uso del método «loverboy», donde las jóvenes eran seducidas y manipuladas para formar parte de relaciones abusivas. Testimonios desgarradores narran cómo las niñas eran víctimas de pederastas, sufriendo amenazas de muerte si hablaban, en un entorno donde taxistas y locales de comida rápida funcionaban como epicentros de explotación. La historia de una joven anónima que relata su terrible experiencia de ser violada y obligada a abortos recurrentes destaca la gravedad de la situación. Denuncias de que la policía y otras autoridades priorizaron evitar la ofensa al Islam por sobre la protección de las menores, subrayan la crítica de que los problemas esenciales fueron ignorados por miedo a tensiones raciales. Este complejo entramado de abusos y omisiones institucionales ha sacudido al Reino Unido, resaltando una preocupante tendencia de autoprotección política y social a costa de las víctimas más vulnerables.
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