El Ayuntamiento de Valtierra, en Navarra, ha aprobado una controvertida línea de ayudas a la natalidad de 3.000 euros por menor nacido o adoptado en 2025, condicionada a que uno de los progenitores lleve empadronado en el municipio durante al menos 20 años. Esta medida ha generado polémica y ha sido cuestionada por el Consejo de Navarra, que advierte de posibles irregularidades legales y discriminación. El alcalde, Manuel Resa, ha defendido la convocatoria y ha incluso insinuado aumentar la cuantía a 4.000 euros, asociando las críticas al coste que, según él, representan los menores extranjeros no acompañados para el municipio.
Las declaraciones de Resa han sido calificadas como “absolutamente impresentables” por la consejera de Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, quien considera que sus comentarios podrían constituir un delito de odio. El gobierno navarro estudia tomar acciones legales, aunque reconoce la complejidad del caso, dado que el informe del Consejo es solo consultivo. Las críticas se extienden a nivel político, con figuras como la consejera de Derechos Sociales y Empleo, Mari Carmen Maeztu, denunciando el discurso del alcalde por su racismo y desconocimiento de la contribución migrante a la comunidad. Mientras tanto, el debate prosigue sobre cómo abordar las condiciones discriminatorias de las ayudas, buscando evitar la exclusión de población migrante y oriundos que hayan vivido fuera del municipio.
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