La polémica en torno a las políticas lingüísticas en la Comunidad Valenciana se intensifica con la implementación de la Ley de Libertad Educativa y otras medidas impulsadas por el PP, bajo el liderazgo de Carlos Mazón. La normativa ha generado un retroceso significativo en el uso del valenciano en las escuelas, creando situaciones injustas como aulas descompensadas y cambios de matrícula. A pesar del apoyo al valenciano en consultas previas, su presencia se ha reducido drásticamente, afectando especialmente a las áreas castellanohablantes. Además, la propuesta de Mazón de permitir examinarse solo en castellano durante las PAU amenaza con relegar el valenciano a un papel residual en el sistema educativo.
Otra medida controvertida es la intención de eliminar a los autores catalanes del currículo de literatura valenciana, lo que sería un golpe simbólico significativo. La medida podría empobrecer el bagaje cultural de los estudiantes, limitando el contexto compartido con la literatura catalana, y se interpreta como una censura ideológica que limita la libertad educativa. Este conjunto de políticas es visto por críticos como parte de una estrategia coordinada para debilitar el valenciano en lo educativo y social, siendo fundamental una respuesta estructural y educativa que garantice los derechos lingüísticos y el enriquecimiento cultural del alumnado.
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