La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha decidido desmantelar el servicio público de bicicletas, conocido como Gbici, que fue implementado por el Partido Popular en 2012. Este servicio, que consistía en 162 bicicletas gestionadas por Avanza Movilidad Integral SL, tuvo una concesión hasta 2016, con una extensión contractual hasta 2024. Sin embargo, cuatro meses después del fin de este acuerdo, el gobierno socialista no ha convocado un nuevo concurso para continuar con el servicio, optando por retirar las bicicletas bajo la justificación de que los ciudadanos ahora prefieren bicicletas eléctricas. Esta decisión ha sido criticada por el Partido Popular local, que denuncia el desuso de las bicicletas y la contradicción de la alcaldesa, quien simultáneamente promueve la Zona de Bajas Emisiones para reducir la contaminación.
El Partido Popular acusa a la gestión de Sara Hernández de ser incoherente, pues mientras afirma promover el uso de transportes sostenibles, cierra un servicio que facilitaba el uso de bicicletas. Los populares sostienen que la Zona de Bajas Emisiones, recién instaurada por el ayuntamiento, es una medida abusiva con el fin recaudatorio, ya que las áreas afectadas no presentan altos niveles de contaminación. Critican que, mientras se alienta a los ciudadanos a usar bicis o autos eléctricos, se elimina el alquiler de bicicletas y las subvenciones para estos vehículos. Atribuyen las acciones de la alcaldesa a un doble rasero en sus políticas medioambientales, encaminadas en realidad a obtener ingresos por multas que podrían alcanzar 1,5 millones de euros.
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