Casi diez años después de ser liberado, Qari Abdul Rauf, uno de los condenados por el notorio escándalo de abuso sexual en Rochdale, sigue viviendo libremente en la misma localidad donde cometió sus atrocidades, a pesar de haberse ordenado su deportación. Rauf, de 55 años, formó parte de una banda de nueve individuos condenados en 2012 por violación y tráfico de menores en el norte de Inglaterra. Cumplió sólo dos años y medio de una pena de seis años, y su deportación a Pakistán fue ordenada en 2014. Sin embargo, aún reside en Rochdale, donde trabajó para una aplicación de reparto de comida. La situación ha provocado indignación entre los residentes locales, muchos de los cuales expresan su preocupación por la actitud desafiante de Rauf, quien, según testigos, parece pasear «como si fuera el dueño del lugar». Además, el caso ha cobrado nueva relevancia gracias a las críticas de Elon Musk hacia el Gobierno británico por su supuesta falta de acción en reabrir la investigación sobre la explotación infantil, mientras que Keir Starmer, primer ministro británico y exjefe de la Fiscalía de la Corona cuando se revelaron estos crímenes, enfrenta señalamientos por encubrimiento.
El proceso legal para la deportación de Rauf ha sido un laberinto complicado. Después de perder la ciudadanía británica, los tribunales de inmigración han rechazado sus apelaciones en diversas ocasiones; sin embargo, sus abogados han argumentado que Rauf es «apátrida» tras renunciar a su ciudadanía pakistaní, lo cual complicaría su deportación por posibles violaciones a sus derechos humanos. Esta situación también afecta a otros miembros de la banda, como Adil Khan y Abdul Aziz, quienes han evitado la deportación utilizando argumentos legales similares. Esta acumulación de impedimentos legales ha fomentado críticas contra el Gobierno de Starmer, acusado de una gestión deficiente y de minimizar el problema, y ha llevado a peticiones renovadas para una investigación nacional más exhaustiva. En medio de esta controversia, un informe publicado en 2022 reveló fallos gubernamentales en la protección de niños vulnerables, aumentando la presión sobre las autoridades para actuar de manera más decidida en estos crímenes que siguen manchando la reputación de la justicia británica.
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