El bombardeo estatal en Colombia ha despertado una intensa polémica en el país, luego de que se confirmara la muerte de al menos 15 menores, entre 11 y 17 años, en operaciones militares contra las estructuras de alias Iván Mordisco. Estos operativos fueron ordenados por el presidente Gustavo Petro, quien previamente había criticado el uso de bombardeos en campamentos con menores durante administraciones anteriores. La reacción pública ha sido fuertemente crítica, especialmente por parte de sectores progresistas a los que el presidente ahora califica como «oposición de izquierda». Medicina Legal reporta que desde agosto la cifra de menores fallecidos ha incrementado, sumándose hasta 20 según las declaraciones del mandatario, hecho que incrementa el escrutinio respecto a las acciones del Gobierno.
En defensa de su decisión, el presidente Petro argumentó que los bombardeos no constituyen crímenes de guerra, atribuyendo los incidentes a la falta de información precisa. Resaltó que los militares enfrentaban graves riesgos y defendió la operación como una medida necesaria para asegurar la seguridad de los soldados. Además, Petro ha señalado su intento de negociar la paz como un esfuerzo fallido por evitar estos bombardeos, mientras que en redes sociales como TikTok se observan evidencias del reclutamiento de menores, lo que deja en duda la eficacia de la inteligencia militar colombiana. Este episodio marca un revés en la política de derechos humanos del gobierno de Petro y resalta la complejidad de abordar el conflicto armado en Colombia, donde las estrategias militares siguen en debate y los costos en vidas jóvenes se hacen cada vez más visibles.
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