En un contexto marcado por la controversia, se ha revelado el caso de una niña de 12 años que fue violada mientras estaba bajo la tutela de la Generalitat de Cataluña. Este impactante suceso ha intensificado las críticas al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), que ya enfrentaba presiones por su supuesta inacción frente a un informe que denunció irregularidades en los convenios y subvenciones otorgadas durante la administración de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). La indignación pública y el creciente escrutinio sobre las políticas de protección a menores han generado un clima de tensión política en la región.
El caso ha reavivado el debate sobre la eficacia del sistema de protección de menores en Cataluña y ha escalado las críticas hacia el gobierno regional, especialmente apuntando a la responsabilidad del PSC en la gestión de dichas protecciones. A raíz de estos eventos, se ha incrementado la demanda de medidas más estrictas y transparentes para proteger a los menores bajo tutela estatal, así como una revisión exhaustiva de las decisiones previas en el manejo de fondos públicos destinados a esta área. La polémica está siendo aprovechada por formaciones políticas opositoras para exigir explicaciones y responsabilidades, aumentando la presión sobre los actuales líderes catalanes.
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