El Gobierno de Javier Milei ha generado controversia en la víspera del 50º aniversario del último golpe de Estado en Argentina, al cuestionar públicamente la cifra de 30.000 desaparecidos, un número emblemático sostenido por organismos de derechos humanos. En lugar de ello, el relato oficial equipara el terrorismo de Estado con la violencia de las guerrillas, proponiendo lo que describe como una «memoria completa». Esta postura ha sido presentada en un vídeo divulgado por la Casa Rosada, en el que la administración acusa al kirchnerismo de imponer una visión sesgada de la historia reciente. El contenido del vídeo destaca los testimonios de Miriam Fernández, una de las denominadas nietas recuperadas por las Abuelas de Plaza de Mayo, y de Arturo Larrabure, hijo de un militar asesinado, como ejemplos de presuntas omisiones en el relato tradicional de esta etapa oscura de la historia argentina.

Fernández, quien conoció su identidad real en 2017, manifiesta su desacuerdo con el proceso judicial que vivió, describiéndolo como invasivo y traumático. Asimismo, cuestiona la existencia de un plan sistemático de apropiación de bebés durante la dictadura, lo que contradice ampliamente las conclusiones de numerosas investigaciones y testimonios judiciales. Por otro lado, Larrabure se posiciona como defensor de las víctimas de la violencia de las organizaciones guerrilleras y critica el supuesto desinterés del kirchnerismo por su causa. Este es el tercer vídeo en que el actual gobierno comunica su perspectiva sobre la dictadura, consagrando un discurso que contrasta con el reconocimiento generalizado de la represión ilegal que tuvo lugar entre 1976 y 1983. Mientras tanto, la sociedad argentina se prepara para convertir las calles en un escenario de memoria y rechazo al autoritarismo, reafirmando el consenso popular en favor de la democracia y los derechos humanos.

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