La concesionaria de servicios de emergencias en la Comunidad de Madrid se encuentra en una situación crítica tras haber dejado sin servicio la base de Las Rozas durante una semana en agosto y la de Lozoyuela durante 12 días el pasado mes de septiembre. La ausencia de estos servicios obliga a la compañía a enfrentar posibles sanciones severas, que podrían llegar hasta 10.000 euros por cada día que no se cumpla con la asistencia exigida.
Además, según la normativa vigente, la concesionaria podría perder su licencia en caso de que las ausencias se extiendan más de 15 días. Esta situación no solo castiga financieramente a la empresa, sino que también pone en riesgo la efectividad del sistema de emergencias de la región, afectando directamente a la seguridad y bienestar de los ciudadanos madrileños. Se espera una pronta resolución para evitar mayores consecuencias y asegurar la continuidad de estos servicios esenciales.
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