La universidad pública en la Comunidad de Madrid continúa siendo un tema de debate candente en el ámbito político y social. El 5 de diciembre, una multitud se congregó frente a la Asamblea de Madrid para exigir una mayor inversión en las universidades públicas, debido a lo que consideran una crónica infrafinanciación que amenaza el futuro de estas instituciones. Esta manifestación, respaldada por sindicatos como CGT, CCOO y UGT, refleja un malestar creciente entre estudiantes, trabajadores universitarios y ciudadanos que temen por el deterioro de la educación superior pública.
En respuesta a la presión social y el pronunciamiento de los rectores, el gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso ha realizado ajustes parciales a los presupuestos autonómicos. Los cambios incluyen un incremento del 4,2% en la financiación de las universidades públicas, lo que se traduce en 47,3 millones de euros adicionales. Sin embargo, esta cifra apenas representa una cuarta parte de los 200 millones de euros requeridos por las universidades para su funcionamiento adecuado.
Además, el gobierno regional ha firmado un convenio con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para implementar el ‘Programa María Goyri’, que permitirá la incorporación de 1.091 profesores a las universidades públicas madrileñas. Aunque la rúbrica de este acuerdo es vista como un avance, se critica el uso del mismo como herramienta de confrontación política con el gobierno central.
La preocupación persiste, ya que las acciones implementadas no son suficientes para resolver las deficiencias presupuestarias existentes. Según los sindicatos, la aportación de la Comunidad de Madrid a la educación universitaria pública es del 0,4% del PIB, una cifra que queda muy por debajo del objetivo del 1% establecido a nivel estatal. Además, la proliferación de universidades privadas parece contrastar con las restricciones presupuestarias impuestas a las públicas, señalando un enfoque que algunos califican de neoliberal y que, en su opinión, amenaza la equidad en el acceso a la educación superior.
En su manifiesto, los sindicatos han rechazado un modelo educativo que prioriza el gasto público de manera desproporcionada hacia universidades privadas y que supedita el acceso a la educación a la capacidad económica de las familias. Denuncian políticas que, según su visión, conducen a la exclusión de miles de jóvenes y limitan la investigación y desarrollo en el ámbito universitario.
Para abordar estas preocupaciones, se está solicitando una modificación del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2025, aumentando la financiación universitaria hasta los 200 millones de euros exigidos. También instan al cumplimiento de la normativa estatal que obligaría a dedicar el 1% del PIB a la educación superior pública.
El mensaje es claro: la defensa de la universidad pública es una prioridad para garantir un sistema que no discrimine por razones socioeconómicas y que asegure un progreso social equitativo. Como afirman fervientemente los firmantes del manifiesto: «La universidad pública no se vende, se defiende.»
Fuente: CGT
