Madrid, 14 de octubre de 2024.- En un esfuerzo conjunto para intensificar la protección de las personas vulnerables frente a las adicciones al juego, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y Amparo López, consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, han suscrito un convenio que refuerza la colaboración entre ambas administraciones. Este acuerdo, firmado en la sede del Ministerio en Madrid, busca facilitar el intercambio de datos sobre quienes opten por prohibirse la entrada a establecimientos de juego, asegurando la extensión de esta autoprohibición en ambos ámbitos, estatal y autonómico.
«La colaboración interadministrativa es crucial para salvaguardar el bienestar de las personas más vulnerables», afirmó Bustinduy durante la firma, subrayando la importancia de proteger a las personas consumidoras vulnerables garantizando su seguridad e integridad. Este mecanismo permitirá que aquellos que se inscriban voluntariamente en los registros de prohibición, ya sea estatal o navarro, vean su autoprohibición reconocida y aplicada a través de ambos sistemas.
El convenio, que tendrá una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga, contempla el desarrollo de los procesos informáticos necesarios para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema de compartición de datos. Bustinduy señaló que el acuerdo incluye medidas diseñadas para minimizar los riesgos de adicción y facilitar estrategias de prevención, enfocándose en la educación y sensibilización social.
Amparo López destacó que la lucha contra el juego patológico es una «línea estratégica» para su departamento. «Nuestro objetivo es prevenir un aumento en los casos de ludopatía, especialmente entre los jóvenes y otros grupos vulnerables», comentó López. La consejera subrayó la importancia de abordar los factores de riesgo desde un enfoque preventivo.
Desde la Dirección General de Ordenación del Juego, adscrita al ministerio comandado por Bustinduy, se ha indicado que esta iniciativa se enmarca dentro de una estrategia más amplia para fortalecer la protección de toda la población, con especial énfasis en la infancia y la juventud, frente a los problemas asociados a los juegos de azar. Esta colaboración busca no solo reducir el acceso al juego por parte de personas autoprohibidas, sino también actuar de manera integral en la prevención de futuras problemáticas relacionadas.
Este convenio constituye un paso significativo hacia un marco de acción más cohesivo entre diferentes niveles de gobierno, reafirmando el compromiso de las autoridades de garantizar que el derecho al juego no se convierta en una amenaza para la integridad y el bienestar de las personas más susceptibles a sus efectos dañinos.
Fuente: Ministerio de Consumo
