En un reciente intento por abordar la proliferación de viviendas turísticas ilegales en Madrid, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha entregado al Ayuntamiento un archivo detallado que evidencia la existencia de 16.335 anuncios de alojamientos turísticos activos en internet, en notable contraste con las 1.131 licencias legalmente concedidas según el Plan RESIDE presentado a finales de 2024. Este desajuste indica que más de 15.000 de estos alojamientos operan sin la autorización requerida.
El ministerio ha solicitado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que proceda a la eliminación de los anuncios de todas las viviendas turísticas que carecen de licencia, considerando que su actividad está limitando el acceso a una vivienda digna para los residentes. Además, se ha proporcionado un listado con direcciones específicas para facilitar a las autoridades madrileñas el emprendimiento de acciones concretas contra estos establecimientos, incluyendo el cese de operaciones y la imposición de sanciones.
Este fenómeno no es exclusivo de Madrid, y tras una exhaustiva recopilación de datos, el ministerio ha encontrado tendencias similares en otras regiones turísticas de España, como las Islas Baleares y Andalucía. La magnitud del problema ha impulsado al ministerio a actuar con firmeza, buscando la cooperación de los ayuntamientos para revertir el crecimiento desenfrenado de estas viviendas no reguladas.
Madrid se enfrenta ahora al reto de seguir el ejemplo de ciudades como Barcelona, que ha logrado retirar miles de anuncios de viviendas turísticas ilegales, reintegrando dichas viviendas al mercado de alquiler tradicional. El compromiso del ministerio es claro: garantizar el cumplimiento de la legalidad para proteger el derecho a una vivienda que tiene la ciudadanía. Sin embargo, el éxito de estas iniciativas depende en gran medida de la respuesta, tanto política como operativa, del Ayuntamiento de Madrid. A pesar de la complejidad de la situación, la expectativa es que con la información suministrada y la voluntad política, se pueda lograr un equilibrio que permita a Madrid gestionar eficazmente la oferta turística y el mercado residencial para residentes.
Fuente: Ministerio de Consumo
