Madrid, 29 de noviembre de 2024.- El período de rebajas del Black Friday de 2023 ha dejado al descubierto una alarmante tendencia en el sector del comercio electrónico. Un nuevo estudio del Observatorio de Consumo en Internet, parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha revelado que un 70% de las ofertas promocionadas durante este evento incumplían la normativa de protección al consumidor, ofreciendo descuentos falsos o engañosos que no cumplían con las prácticas comerciales justas.
La investigación, efectuada entre el 23 de septiembre y el 20 de diciembre de 2023, abarcó más de 800 productos con descuento de 19 comercializadoras de varios sectores. Los resultados no solo destacan la manipulación del precio de referencia, sino que desnudan un entramado de prácticas engañosas que afectan al consumidor, quien toma decisiones de compra basadas en información distorsionada.
El estudio precisa que un 70% de los productos no respetaban la normativa que regula la indicación de reducciones de precios: el precio de referencia debería ser el más bajo de los últimos 30 días, una regla mayormente ignorada según los hallazgos. En consecuencia, se registraron aumentos de precio antes del periodo de rebajas, justificando así supuestos descuentos durante el Black Friday.
Además, las ofertas a través de cupones y códigos, que deberían suponer una oportunidad de ahorro, registraron un incumplimiento del 65%. Estas tácticas hacen parecer que se obtiene un mejor precio cuando, en realidad, los consumidores terminan pagando lo mismo o más que en otros momentos del año.
La información engañosa y las supuestas oportunidades exclusivas son otros dos pilares de estas prácticas ilícitas. El estudio encontró que en el 50% de los casos, las afirmaciones sobre el precio no eran veraces. Estrategias como limitar temporalmente las ofertas bajo pretextos falsos fomentan conductas de compra impulsiva, lo que perjudica al consumidor.
Por otra parte, el estudio reveló que un 25% de los productos se anunciaban con comparaciones de precios engañosas, donde se ignoraba el precio de referencia requerido por la normativa. En su lugar, se usaban precios de dudosa procedencia que, acompañados de porcentajes de rebajas, inducían erróneamente a los consumidores a creer en un ahorro inexistente.
En respuesta a estos hallazgos, el ministerio, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha iniciado una investigación que ya ha derivado en la imposición de sanciones a dos operadores de comercio electrónico. Otros seis operadores enfrentan expedientes en curso, encaminados a garantizar el respeto por los derechos de los consumidores.
Este estudio y las acciones subsecuentes ponen de manifiesto la necesidad de una mayor regulación y vigilancia en el comercio electrónico, con el propósito de evitar que estas prácticas se perpetúen y así proteger al consumidor de estrategias de venta engañosas que interfieren en la libre elección y afectan su derecho a una información veraz y transparente.
Fuente: Ministerio de Consumo
