El jueves pasado, Ibiza fue el centro de un importante encuentro entre el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el conseller de Turismo del Govern de Islas Baleares, Jaume Bauzá. Durante la reunión, el ministro presentó datos esclarecedores sobre la creciente problemática de las viviendas turísticas ilegales en el archipiélago, un fenómeno que está impactando severamente el acceso a la vivienda para residentes y trabajadores temporales.
La Dirección General de Consumo, apoyada por la Unidad de Análisis de Consumo, reveló que más de 7.000 viviendas en Baleares se publicitan como turísticas sin mostrar un número de licencia, lo que representa un preocupante 30% del total. Aunque la ausencia de un número de licencia en un anuncio no implica necesariamente que carezca de ella, este tipo de publicidad es ilícita según el Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Bustinduy subrayó que muchas de estas propiedades operan sin la licencia correspondiente, constituyendo un «negocio ilegal» que ha de ser erradicado, ya que está despojando a los ciudadanos de sus hogares en el centro de las ciudades.
La gravedad de la situación fue destacada por el ministro, quien mencionó que residentes en Baleares destinan el 63% de su salario al alquiler, el más alto en España, y señaló a Palma como la ciudad más cara para vivir. Por esta razón, Bustinduy eligió al Govern balear como la primera administración autonómica en recibir datos sobre estos anuncios fraudulentos.
Además, se discutieron nuevas medidas investigativas impulsadas por Consumo, dirigidas a grandes gestoras de pisos turísticos que podrían estar cayendo en prácticas engañosas, así como a agencias inmobiliarias que podrían estar cometiendo abusos contra inquilinos. La Oficina de Lucha contra el Intrusismo del Consell de Ibiza también ha sido un tópico relevante, destacando su apoyo a un plan con una inversión de 22 millones de euros hasta 2027 para combatir estas irregularidades.
De forma complementaria, el Consell de Ibiza ha implementado un sistema público online que facilita la verificación de la legalidad de alojamientos turísticos, una medida del Departamento de Ordenación Turística para fortalecer la lucha contra la oferta ilegal y promover un turismo regulado en la isla. Esta plataforma ofrece a los usuarios información sobre alojamientos autorizados, como hoteles y viviendas vacacionales, proporcionando una herramienta eficaz para detectar y denunciar irregularidades.
Este conjunto de acciones refleja un enfoque coordinado para atajar uno de los problemas más apremiantes que enfrenta el sector turístico en las Baleares. Mientras tanto, autoridades y ciudadanos aguardan resultados que promuevan una convivencia equilibrada entre el desarrollo turístico y el acceso justo a la vivienda.
Fuente: Ministerio de Consumo
