Varias empresas se encuentran bajo la lupa tras haberse descubierto que inflaron los precios de ciertos productos antes de aplicarles rebajas. Esta práctica, que busca ofrecer descuentos engañosos a los consumidores, ha llevado a las autoridades a imponer sanciones que podrían ascender hasta los 35.000 euros. Las investigaciones han revelado que los precios originales fueron alterados artificialmente para simular reducciones más atractivas durante periodos de ventas especiales o promociones.
Esta acción, considerada desleal y engañosa, ha generado una ola de indignación entre los consumidores y ha puesto en marcha una revisión más estricta de las políticas comerciales de las compañías implicadas. Las organizaciones de protección al consumidor han aplaudido las medidas, subrayando la importancia de preservar la transparencia en el mercado y proteger los derechos de los compradores. Las sanciones buscan no solo penalizar a las empresas responsables, sino también disuadir futuras prácticas similares que pueden erosionar la confianza del público.
Leer noticia completa en El Mundo.
