Madrid, 25 de noviembre de 2024.- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, intensifica su vigilancia sobre las ofertas del Black Friday para evitar prácticas desleales que afectan a los consumidores. El aumento de rebajas ficticias en el período previo a esta fecha ha llevado al ministerio a imponer sanciones por valor de 90.000 euros a dos operadores de comercio electrónico. Además, se han abierto expedientes a seis operadores más, acusados de inflar precios antes del Black Friday solo para devolverlos a su nivel original y así simular descuentos significativos.
Estas prácticas están tipificadas como desleales según el Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, pudiendo acarrear multas de hasta 100.000 euros, que podrían aumentar hasta seis veces el beneficio obtenido de forma ilícita. Según la normativa vigente, cualquier reducción de precio debe estar acompañada del precio anterior claramente visible, siendo este el menor registrado en los treinta días precedentes.
La Dirección General de Consumo investiga de forma proactiva estos abusos mediante la herramienta “Price Reduction Tool” de la Comisión Europea, centrando sus esfuerzos en monitorear productos de alta demanda durante el Black Friday, tales como electrodomésticos, electrónica, artículos deportivos y productos de cosmética.
Las investigaciones del año pasado revelaron que un 20% de los productos monitoreados mostraron precios falsamente reducidos, con un 60% de los operadores analizados cayendo en esta mala práctica. Un caso destacado es el de un ordenador portátil cuyo precio pasó de 626,99€ a 759,99€ antes del Black Friday, volviendo a su precio original durante la jornada de ofertas, induciendo a los consumidores a creer en una falsa oferta de 133€.
El ministerio, consciente de los daños que estas prácticas representan para los consumidores, intensifica su sistema de vigilancia y sanciona con severidad a quienes infringen las leyes de comercio justo, subrayando su compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores en España.
Fuente: Ministerio de Consumo
