Madrid, 18 de diciembre de 2024.- La Dirección General de Consumo, perteneciente al Ministerio de Derechos Sociales y Consumo liderado por Pablo Bustinduy, ha iniciado un expediente sancionador contra una reconocida plataforma de alquiler de pisos turísticos. La medida se produce tras la negativa de la empresa a retirar miles de anuncios considerados publicidad ilícita, a pesar de haber recibido advertencias previas sobre la necesidad de eliminarlos de inmediato.
El operativo comenzó en junio cuando Consumo emitió un requerimiento de información a varias plataformas de alquiler turístico para esclarecer detalles sobre las propiedades anunciadas en sus sitios web. El foco del problema radica en la falta de transparencia y el incumplimiento del Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, que condena prácticas comerciales desleales. Entre las irregularidades detectadas, destaca la omisión del número de licencia en las ofertas publicitadas, un requisito obligatorio en ciertas jurisdicciones.
Frente a la persistencia de estos anuncios, la Dirección General de Consumo ha procedido a incoar el expediente que podría culminar en severas sanciones económicas. Según la normativa vigente, estas infracciones se clasifican como graves, con multas que oscilarían hasta los 100,000 euros, pudiendo aumentar dependiendo del beneficio ilícito obtenido por la empresa.
La investigación de Consumo abarca anuncios de vivienda turística distribuidos en diversas comunidades autónomas, lo que representa un riesgo potencial para los intereses de los consumidores a nivel nacional. El incumplimiento de las normativas sectoriales, como la falta de publicidad del número de licencia, contribuye a la calificación de estas prácticas como desleales.
En las últimas semanas, el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha intensificado su escrutinio sobre el sector, anunciando investigaciones paralelas a grandes gestoras de pisos turísticos por presuntas prácticas engañosas. Este esfuerzo se suma a otras pesquisas abiertas contra agencias inmobiliarias que podrían estar realizando actos abusivos contra inquilinos, como la imposición de comisiones indebidas o la inclusión de cláusulas contractuales abusivas.
Pablo Bustinduy ha dejado claro su compromiso con la resolución de la crisis de la vivienda en España, resaltando que muchos ciudadanos se encuentran en situaciones límite debido a un mercado altamente especulativo. En sus declaraciones, el ministro ha enfatizado que todas las empresas, independientemente de su tamaño, deben operar dentro del marco legal, subrayando que la justicia social y económica debe prevalecer en un sector vital para las familias españolas.
Fuente: Ministerio de Consumo
