Madrid, 20 de febrero de 2025.- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha iniciado expedientes sancionadores a diversas empresas que gestionan viviendas turísticas en varias Comunidades Autónomas. Estas acciones están motivadas por la sospecha de prácticas engañosas y posibles infracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. La Dirección General de Consumo, respondiendo a la investigación iniciada en diciembre, ha solicitado información a varias compañías que operan en el ámbito del alquiler turístico a nivel nacional. Los datos preliminares sugieren que estas empresas podrían estar perjudicando sistemáticamente los intereses de consumidores y usuarios.
Las indagaciones han revelado que estas grandes gestoras, responsables de cientos de viviendas turísticas, habrían estado ofreciendo «información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios». Un ejemplo de tal práctica sería anunciar que el gestor de un alojamiento turístico es una persona particular cuando, en realidad, es una empresa. Según el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, esto constituye una práctica engañosa que puede alterar las decisiones económicas de los consumidores.
El Artículo 27 de la Ley de Competencia Desleal subraya que crear la falsa impresión de que un profesional no actúa dentro de su ámbito comercial, o presentarse fraudulentamente como un consumidor, son acciones prohibidas. Dependiendo de la gravedad, estas prácticas podrían acarrear multas de hasta 100.000 euros, y en ciertos casos, superar esta cifra llegando a ser entre cuatro y seis veces el beneficio ilícitamente obtenido.
La Dirección General de Consumo enfatiza que la apertura de estos expedientes sancionadores no anticipa su resultado final. Estas nuevas acciones vienen a sumarse a un expediente sancionador anterior, también en el sector de viviendas turísticas, dirigido a una plataforma que se negó a retirar anuncios de pisos turísticos considerados publicidad ilícita.
Las medidas forman parte de los esfuerzos comprometidos por Pablo Bustinduy para proteger los derechos de los consumidores y facilitar el acceso a la vivienda. En este sentido, desde octubre, la Dirección General de Consumo está investigando a agencias inmobiliarias acusadas de prácticas abusivas en la gestión del alquiler, como imponer comisiones injustificadas, contratos temporales sin justificación, y cláusulas contractuales que contravienen la normativa vigente.
Fuente: Ministerio de Consumo
