El Ministerio de Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, ha iniciado acciones contra empresas de pisos turísticos que emplean prácticas fraudulentas conocidas como el «falso casero». Estas gestoras de alojamientos están bajo la lupa por ofrecer información engañosa o confusa a sus clientes, un fenómeno que, según la Dirección General de Consumo, está causando perjuicios generalizados a los consumidores. Las investigaciones, que comenzaron en diciembre pasado, han derivado en la apertura de expedientes sancionadores que podrían llevar a multas de hasta 100.000 euros, o incluso más, calculadas sobre el beneficio ilícito obtenido. Actualmente, el número y la identidad de las empresas involucradas no se han revelado, ya que la investigación sigue en curso y las sanciones aún no son definitivas.
Además de las medidas contra estas empresas, el ministerio ha abierto otros frentes para combatir las irregularidades en el sector de los pisos turísticos. Recientemente, Bustinduy sancionó a plataformas como Airbnb por publicidad ilícita y a agencias inmobiliarias por prácticas abusivas, en un intento por abordar la «proliferación descontrolada de pisos turísticos» que, según sus declaraciones, está dañando el derecho a la vivienda en España. Bustinduy señala que en ciudades como Madrid, hasta el 90% de las viviendas turísticas son ilegales, una problemática que también afecta gravemente a otras áreas como Mallorca y Barcelona. Estas acciones reflejan un esfuerzo por regular un sector que, en palabras del ministro, ha operado durante mucho tiempo de manera incontrolada y en detrimento de los derechos de los ciudadanos.
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