Madrid, 27 de marzo de 2025.- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una destacada agencia inmobiliaria con operación nacional, acusándola de posibles prácticas abusivas en la gestión del alquiler. Esta acción es parte de un esfuerzo más amplio por parte del ministerio, dirigido por Pablo Bustinduy, para investigar irregularidades en el sector inmobiliario, enfocándose especialmente en infracciones relacionadas con el cobro de comisiones ilegales y la imposición de servicios no requeridos a inquilinos.
La Dirección General de Consumo ha solicitado información a estas agencias tras recibir múltiples denuncias de organizaciones defensoras de consumidores como el Sindicato de Inquilinas-CECU, FACUA y la OCU. Las acusaciones apuntan a prácticas como la obligación de pagar comisiones de gestión de arrendamiento y la contratación forzada de seguros o servicios no solicitados. La reciente «Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda» prohíbe explícitamente traspasar estos gastos a los inquilinos, y su incumplimiento podría resultar en sanciones severas. Las infracciones graves podrían conllevar multas de hasta 100.000 euros, mientras que las muy graves podrían ascender a un millón de euros, o incluso hasta ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
Este nuevo desarrollo sigue a otros procedimientos similares encabezados por Consumo. Recientemente, se abrió un expediente sancionador contra una plataforma de alquiler de viviendas turísticas por mantener anuncios considerados como publicidad ilícita. Asimismo, se han iniciado procedimientos contra empresas que gestionan viviendas turísticas en varias comunidades autónomas por proporcionar información engañosa. Se ha descubierto que estos anuncios a menudo tergiversan la naturaleza del administrador del alojamiento, argumentando que son particulares cuando, en realidad, son empresas.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 enfatiza que garantizar el derecho a la vivienda es una prioridad, y estas intervenciones reflejan su compromiso con la protección de los derechos de los consumidores en el acceso a la vivienda. Además de las acciones legales, Consumo ha estado llevando a cabo campañas informativas dirigidas a operadores del mercado para identificar y erradicar conductas abusivas en los contratos de alquiler, como la imposición de fianzas excesivas o pagos adelantados de mensualidades.
Es importante destacar que el inicio de este expediente sancionador no determina el resultado final de la investigación, que aún está en curso. Estas medidas reflejan el esfuerzo continuado del Ministerio por salvaguardar los derechos fundamentales de los inquilinos y asegurar que el acceso a una vivienda decente no se vea comprometido por prácticas comerciales abusivas.
Fuente: Ministerio de Consumo
