El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado un expediente sancionador contra la empresa Alquiler Seguro por presuntas prácticas abusivas hacia los inquilinos en la gestión de alquileres. Según ha informado el departamento de Pablo Bustinduy, la pesquisa, que comenzó el pasado octubre, responde a denuncias presentadas por organizaciones de consumidores, como el Sindicato de Inquilinas-CECU, FACUA y la OCU. Las quejas se centran en la imposición de comisiones por gestión, la obligación de contratar seguros y servicios no solicitados, prácticas que contravienen la actual ley sobre el derecho a la vivienda. Este marco legal prohíbe que los inquilinos asuman gastos de gestión inmobiliaria o de formalización del contrato y rechaza la imposición de seguros y servicios adicionales no deseados.
Las posibles sanciones por incumplimientos podrían clasificarse como graves o muy graves, con multas que van desde los 100.000 euros hasta el millón de euros, y en ciertos casos, las cantidades podrían multiplicarse hasta ocho veces el beneficio ilícito obtenido. Esta acción forma parte de una serie de procedimientos sancionadores del Ministerio en el entorno de la vivienda, destacándose entre ellos el expediente abierto a una plataforma de alquiler turístico por publicidad ilícita y otro contra empresas que administran viviendas turísticas por prácticas engañosas. Las firmas afectadas por estos procedimientos podrían enfrentarse a registros públicos negativos si no corrigen las irregularidades identificadas, reflejando el compromiso del Ministerio por asegurar la transparencia y el cumplimiento de las normas de protección al consumidor.
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