El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado el inicio de una investigación sobre empresas que publicitan en España servicios y productos provenientes de los territorios palestinos ocupados por Israel. Esta medida, impulsada por el gobierno bajo el liderazgo de Pablo Bustinduy, se concreta al amparo del Real Decreto-ley 10/2025, aprobado recientemente para enfrentar el genocidio en Gaza y fortalecer el apoyo a la población palestina.
El decreto, en su artículo 4, prohíbe explícitamente la publicidad de bienes y servicios provenientes de estas áreas, con el propósito de restringir el desarrollo de actividades comerciales relacionadas con la ocupación. La Dirección General de Consumo tiene la tarea de supervisar a las empresas que podrían estar beneficiándose de esta situación, en línea con un informe publicado en julio por Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados. Este documento, titulado «De la economía de la ocupación a la economía del genocidio», señala que algunas compañías están obteniendo ganancias económicas derivadas de la ocupación ilegal.
El ministro Bustinduy, en un evento sobre Palestina en julio, reafirmó su compromiso de utilizar todos los recursos necesarios para asegurar que ninguna empresa operante en España se beneficie financieramente de esta situación. En sus palabras, el objetivo es asegurarse de que cualquier negocio con presencia en España deje de colaborar, directa o indirectamente, con la ocupación israelí.
La postura del ministerio es clara: considerar que la permanencia de estos servicios contribuye a «perpetuar los esfuerzos coloniales y el genocidio de Israel». Este tipo de actividad es clasificada como ilícita bajo el derecho internacional, y el caso holandés se presenta como un precedente donde se investigan denuncias por posible blanqueo de capitales derivado de estas prácticas.
Con esta acción, el gobierno refuerza su política de cero tolerancia hacia actividades económicas que puedan estar contribuyendo a la prolongación de conflictos internacionales y violaciones de derechos humanos.
Fuente: Ministerio de Consumo
