El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha iniciado un expediente sancionador contra un conocido portal inmobiliario con presencia nacional por supuestas prácticas comerciales desleales que perjudican a consumidores y usuarios. La acción se desencadenó tras una denuncia presentada por la Federación de Consumidores y Usuarios CECU ante la Dirección General de Consumo.

Las acusaciones apuntan a que el portal podría haber incurrido en infracciones administrativas, ya que las prácticas comerciales consideradas desleales están contempladas en el artículo 47.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Las sanciones aplicables podrían alcanzar multazos de hasta 100,000 euros o entre cuatro y seis veces el beneficio obtenido ilícitamente por la infracción.

Este caso marca un precedente en cuanto a la responsabilidad directa de las plataformas digitales, ya que en situaciones anteriores, las sanciones se dirigían principalmente a los propietarios por la información proporcionada en sus anuncios.

Simultáneamente, el Ministerio ha implementado nuevas medidas para garantizar mayor transparencia en el mercado de alquiler. En las próximas horas, se enviará una circular a las grandes plataformas inmobiliarias detallando las nuevas obligaciones derivadas del reciente real decreto-ley de vivienda, aprobado por el Consejo de Ministros. Una de las principales medidas exige que cualquier oferta o publicidad de arrendamientos incluya el índice de referencia del precio del alquiler, así como la renta del último contrato vigente en los cinco años anteriores.

La normativa, que se aplicará a nivel nacional, no solo busca ofrecer a los inquilinos información clara sobre los precios de referencia, sino también verificar si hay incrementos significativos en comparación con contratos anteriores. Además, los anuncios deberán indicar el límite de renta en las zonas tensionadas y si el arrendador es considerado un gran tenedor.

Estos movimientos forman parte de un esfuerzo más amplio del Ministerio para regular el mercado de la vivienda. En mayo pasado, otro expediente fue iniciado contra una gran inmobiliaria por prácticas como la imposición de un seguro de impago al inquilino y penalizaciones desproporcionadas. Además, en abril, Consumo confirmó una sanción de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas, evidenciando un enfoque severo contra las vulneraciones de los derechos de los consumidores.

Con estas acciones, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 reafirma su compromiso de proteger a los ciudadanos y garantizar la transparencia en el mercado habitacional, buscando un equilibrio más justo entre arrendadores e inquilinos en el cambiante panorama inmobiliario español.

Fuente: Ministerio de Consumo