El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado un nuevo expediente sancionador contra una agencia inmobiliaria por presuntas prácticas abusivas hacia inquilinos en el proceso de alquiler. Esta acción, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, representa el segundo caso de este tipo tras una investigación lanzada en octubre, y que en marzo ya había llevado a sancionar a otra agencia nacional por similares motivos.
Esta investigación comenzó tras denuncias del Sindicato de Inquilinas-CECU y asociaciones como FACUA y OCU. Las acusaciones incluyen cobros de comisiones ilegales y la imposición de servicios no solicitados por parte de las agencias inmobiliarias. La Ley 12/2023, en vigor desde mayo, explícitamente prohíbe trasladar estos gastos a los inquilinos, calificando estas prácticas como infracciones.
Según la Ley de Defensa de los Consumidores, las infracciones pueden clasificarse de graves a muy graves, con multas que varían desde 100.000 euros hasta un millón de euros, pudiendo las sanciones superar estos montos hasta multiplicarse por el beneficio ilícito obtenido.
Además, la Dirección General de Consumo está investigando el sector de pisos turísticos, tomando medidas contra plataformas de alquiler como Airbnb por publicidad engañosa, bloqueando más de 65.935 anuncios ilegales.
El foco del Ministerio es proteger el derecho a la vivienda, visto como un bien de primera necesidad. Los expedientes tienen como objetivo prioritario asegurar el acceso justo a la vivienda, protegiendo los derechos de los consumidores. Las investigaciones continúan activas, y las acciones sancionadoras no prejuzgan su resultado final.
Fuente: Ministerio de Consumo
