Las infracciones muy graves en créditos al consumo serán multadas con hasta un millón de euros, según ha anunciado el Ministerio de Consumo, que ha iniciado expedientes sancionadores a varias entidades financieras por no cumplir con los deberes legales mínimos de información a los prestatarios.
El origen de algunos de estos expedientes se sitúa en traslados del Banco de España al Ministerio de Consumo. Tras investigaciones exhaustivas, se ha constatado que algunas entidades están ofreciendo créditos al consumo con prácticas comerciales desleales y, en ocasiones, abusivas.
El Ministerio ha destacado que muchas de las personas que buscan acceder a estos préstamos se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. La falta de transparencia en las condiciones del crédito y su imposición unilateral por parte de las entidades prestatarias agrava significativamente su situación.
La normativa en materia de consumo establece por primera vez que las personas consumidoras vulnerables deben recibir una «especial atención». De este modo, el Ministerio de Consumo podría llegar a imponer sanciones de hasta un millón de euros a las entidades responsables por infracciones muy graves. Se ha abierto un periodo para la instrucción del expediente definitivo y su resolución por los órganos competentes del Ministerio.
Las infracciones pueden estar tipificadas en el artículo 47.1 de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, que incluye la falta de información y transparencia al conceder créditos, así como la imposición injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas.
Además, la normativa prohíbe la introducción de cláusulas abusivas en los contratos, el suministro de bienes o servicios no solicitados con pretensión de cobro, y el uso de técnicas de comunicación que requieran el consentimiento expreso previo del consumidor o la falta de oposición.
El Ministerio de Consumo ha reforzado su compromiso en proteger a las personas consumidoras, especialmente a las más vulnerables, frente a prácticas comerciales desleales. Las posibles sanciones apuntan a disuadir a las entidades financieras de incumplir la legislación y asegurar que los solicitantes de créditos al consumo estén debidamente informados y protegidos.
Fuente: Ministerio de Consumo
