En un contundente movimiento contra las prácticas comerciales consideradas abusivas, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha firmado una serie de sanciones por un valor cercano a los 179 millones de euros contra cinco aerolíneas de bajo coste. Las compañías afectadas son Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea, penalizadas principalmente por cargos adicionales en el equipaje de mano y la reserva de asientos contiguos para personas dependientes.
La suma total de sanciones alcanza un importe exacto de 178.933.631,99 euros, siendo Ryanair el más afectado con una multa que supera los 107 millones de euros, seguido de Vueling con 39 millones y Easyjet con 29 millones. Norwegian y Volotea enfrentan sanciones de 1,6 millones y cerca de 1,2 millones de euros, respectivamente.
Este paso decisivo fue la respuesta del ministerio, tras una investigación iniciada en 2023 por la Dirección General de Consumo. Se trata de la primera vez que se otorgan sanciones de tal magnitud por infracciones «muy graves» en el ámbito del consumo, después de que el ministerio adquiriera competencia sancionadora en junio de 2022. Las prácticas sancionadas incluyen la exigencia de suplementos por equipaje de mano, cobros para asientos contiguos en casos específicos, y omisiones engañosas en la información presentada a los consumidores.
La orden firmada ratifica la propuesta de sanción de la Secretaría General de Consumo y Juego, rechazando los recursos de alzada presentados por las aerolíneas, lo que significa una prohibición expresa de continuar con estas prácticas. También destaca la imposición de costosas tasas para la impresión de tarjetas de embarque y la negativa a aceptar pagos en metálico en aeropuertos españoles.
En el caso específico de Ryanair, el ministerio también sanciona el cobro excesivo por imprimir billetes en la terminal en ausencia de una copia previa. Al calcular las sanciones, se ha tenido en cuenta el beneficio ilícito obtenido, permitiendo así que las penalizaciones sean hasta ocho veces el beneficio obtenido de tales prácticas, si este supera las multas estándar.
Este proceso legal formaliza el fin de la vía administrativa, pero las aerolíneas aún tienen la opción de presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en un plazo de dos meses. Si las compañías no toman acción en ese lapso, las sanciones se ejecutarán conforme a lo estipulado.
El movimiento del ministro Bustinduy busca garantizar la justicia y protección del consumidor, asegurando al mismo tiempo un efecto disuasorio para evitar futuras prácticas engañosas por parte de las aerolíneas. Mientras tanto, el sector observa con atención las posibles repercusiones legales y económicas de estas medidas.
Fuente: Ministerio de Consumo
