El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción de 3,6 millones de euros a la inmobiliaria Alquiler Seguro por implementar prácticas abusivas contra sus inquilinos, explotando su posición dominante en el mercado y violando los derechos de los consumidores. La resolución ha adquirido firmeza luego de que el ministro Pablo Bustinduy resolviera el recurso de alzada presentado, tras la apertura del expediente sancionador correspondiente por la Dirección General de Consumo.
La entidad fue hallada culpable de seis infracciones catalogadas como muy graves y una como grave. Entre estas prácticas se incluyen la imposición de servicios y seguros no solicitados por el arrendatario, cargos por reclamaciones indebidas y cláusulas de sanción que vulneraban derechos básicos del consumidor, como la inclusión automática en ficheros de morosos sin causas justificadas.
En detalle, las infracciones contemplaron la imposición al inquilino de un servicio de atención al cliente disfrazado de gasto de gestión, la obligación de contratar un seguro de hogar que beneficiaba a la parte arrendadora, y cargas económicas por reclamaciones judiciales y otros conceptos sin encontrarse fallo judicial en contra del arrendatario.
La sanción incluye multas individuales desglosadas en una de 1 millón de euros, otra de 990.900 euros, tres multas por 500.000 euros cada una, y una multa de infracción grave de 10.001 euros. Además, la inmobiliaria debe corregir los incumplimientos y publicar la naturaleza de las infracciones y la razón social implicada.
Estas medidas se sostienen bajo la Ley 12/2023, la cual endurece las normas contra el traslado indebido de costes de gestión inmobiliaria a los inquilinos, considerando estas prácticas como potencialmente infracciones graves o muy graves.
El expediente se inició en marzo de 2025, y en paralelo, se abrió otro similar contra una segunda inmobiliaria, que aún está bajo investigación. Estas diligencias han surgido como resultado de denuncias presentadas por FACUA Consumidores en Acción, el Sindicato de Inquilinas y la OCU. En medio de un contexto de creciente escrutinio sobre las prácticas del sector inmobiliario, estas sanciones pretenden sentar un precedente en la defensa de los derechos de los inquilinos en todo el territorio nacional.
Fuente: Ministerio de Consumo
