El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado la ratificación de una multa millonaria contra la inmobiliaria Alquiler Seguro, en un fallo que marca un punto de inflexión en la supervisión de las prácticas en el mercado del alquiler en España. La sanción, establecida en 3,6 millones de euros, responde a conductas consideradas abusivas y vulneradoras de los derechos de los inquilinos, tras la resolución del recurso de alzada presentado por la propia empresa en respuesta a una sanción previa.
Este episodio se suma a un creciente escenario de vigilancia y regulación en el sector inmobiliario, en el que las autoridades intentan poner fin a prácticas que afectan los derechos de los consumidores. La Dirección General de Consumo inició en marzo de 2025 un expediente sancionador tras detectar irregularidades en las operaciones de Alquiler Seguro, a raíz de denuncias presentadas por organizaciones de defensa de los inquilinos, incluyendo a Facua, el Sindicato de Inquilinas y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
La resolución del expediente, que hoy es definitiva y no admite apelaciones por vía administrativa, concluyó que la inmobiliaria cometió varias infracciones graves y muy graves. Entre ellas, destaca el cobro indebido de gastos de gestión y formalización de contratos que no corresponden a la responsabilidad del inquilino, así como la imposición de seguros de hogar cuyo beneficio favorece exclusivamente al arrendador. Además, se comprobó que la compañía trasladaba al inquilino el costo de reclamaciones de deudas que no siempre eran justificadas, además de cobrar por reclamaciones judiciales sin que existiera condena en costas.
Otra de las prácticas sancionadas por la ley fue la inclusión de cláusulas que permitían registrar a los arrendatarios en registros de morosos por impagos, aunque no hubiera deudas vencidas o exigibles, vulnerando así derechos básicos y garantías legales de los consumidores. La compañía también fue señalada por eliminar las garantías del derecho de desistimiento en los servicios de atención al inquilino, restringiendo derechos fundamentales de los consumidores.
Por otro lado, la resolución exige a Alquiler Seguro eliminar las cláusulas abusivas y hacer pública la sanción impuesta, en un intento por garantizar mayor transparencia y protección en el mercado inmobiliario. La multa de 10.001 euros por infracción grave y de aproximadamente un millón de euros en multas muy graves reflejan la gravedad de las conductas detectadas.
Este caso ha generado un gran impacto en el sector, especialmente ante las numerosas denuncias que indican prácticas similares en otras empresas del mercado. La normativa actual, como la Ley 12/2023 de 24 de mayo, establece claramente la prohibición de ciertas prácticas, pero las autoridades advierten que aún persisten infracciones que deben ser vigiladas con rigor.
La respuesta de la asociación de inquilinos ha sido contundente: preparan movilizaciones y una huelga estatal de alquileres contra prácticas que consideran sistemáticamente abusivas y en contravención de la ley. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas anunció que recorrerán las aproximadamente 30.000 viviendas gestionadas por Alquiler Seguro en toda España para organizar a los arrendatarios y coordinar acciones conjuntas contra la impunidad de las inmobiliarias.
Los inquilinos exigen mayor protección ante tarifas abusivas, la imposición de seguros innecesarios, cargos por visitas y reclamaciones que en muchos casos no corresponden a servicios reales. La situación refleja la necesidad de reforzar los mecanismos de control y sanción para evitar que prácticas irregulares sigan perjudicando a quienes confían en el mercado del alquiler para su vivienda.
Mientras tanto, las autoridades continúan investigando y sancionando a otras inmobiliarias que puedan incurrir en conductas similares. La presión social y legal pide cambios profundos en la regulación y el control del sector, en busca de un mercado de alquiler más justo, transparente y respetuoso con los derechos de los consumidores.
