El Ayuntamiento de Madrid ha dado inicio a la tramitación para modificar la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS), buscando asegurar mejoras en la calidad del aire y salvaguardar la salud de la ciudadanía. Esta iniciativa, parte fundamental de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, ha sido aclamada por su éxito en la reducción de contaminantes, cumpliendo con los compromisos medioambientales tanto nacionales como europeos.
Borja Carabante, delegado del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, anunció en rueda de prensa que, desde este jueves, los ciudadanos podrán participar en una consulta pública sobre la OMS. Este proceso, estipulado por ley, apunta a recopilar opiniones de los habitantes y organizaciones clave en la ciudad. Las preguntas formularán cuestiones sobre restricciones a vehículos contaminantes, alternativas de movilidad, severidad de medidas en zonas de alta contaminación y regulación de zonas de bajas emisiones (ZBE).
La urgencia de esta revisión de la OMS radica en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que subrayó deficiencias en el informe de impacto económico de 2021. Esta modificación también responde a una obligación jurídica de mejorar la calidad del aire, basada en normas comunitarias y nacionales, como el principio de no regresión medioambiental dictado por la legislación española.
España enfrenta las consecuencias de no haber cumplido con los límites de dióxido de nitrógeno en la pasada década, lo que llevó al Tribunal de Justicia Europeo a condenar al país por sobrepasar estos límites en ciudades como Madrid y Barcelona. Esta sentencia subraya la importancia de las restricciones al tráfico para la reducción de emisiones y la potencial repercusión económica de no cumplir con las directrices europeas.
Los datos de la estación de Plaza Elíptica reflejan el éxito de las ZBE bajo Madrid 360, con caídas significativas en los niveles de contaminación desde 2018, gracias a las restricciones progresivas impuestas a los vehículos más contaminantes.
Madrid, amparada por la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera, y la Ley 7/2021 de cambio climático, no puede retroceder en los logros alcanzados en la protección de la salud y el medio ambiente. El consistorio está obligado a mantener y mejorar los estándares de calidad del aire, asegurando así el bienestar de sus ciudadanos frente a la amenaza de sanciones europeas por posibles infracciones futuras.
