En España, el debate sobre la vivienda se convierte en un terreno fértil para discursos ideológicos polarizados, especialmente provenientes de posiciones de extrema izquierda que sugieren la expropiación como solución al déficit habitacional. La falta de consenso sobre la construcción de nuevas viviendas se suma a un déficit de 600,000 pisos, según el Banco de España. A pesar del incremento poblacional de un millón y medio de personas entre 2022 y 2025, se sigue argumentando, erróneamente, que la redistribución de casas vacías –estimadas en 3.8 millones– resolvería la situación. Sin embargo, estudios indican que la mayoría de estas viviendas están en zonas rurales, lejos de las áreas urbanas más afectadas. Además, ejemplos como el de Barcelona muestran que las cifras de casas vacías son a menudo sobreestimadas.
Simultáneamente, el control de precios de alquileres y las críticas a los llamados «fondos buitre» son otros temas que agitan el panorama. En Barcelona, la regulación de precios derivó en una disminución del 15% en nuevos contratos de alquiler y un desplazamiento de la oferta hacia alquileres de temporada, menos regulados. Respecto a la gestión de propiedades, la participación de grandes tenedores es significativamente menor de lo que se presume, con un mercado dominado por pequeños propietarios. Las propuestas de incentivos fiscales para animar el alquiler han sido vistas como insuficientes. A nivel europeo, España queda rezagada en inversión en vivienda social, con un gasto notablemente inferior al de otros países de la UE. Así, el debate se ve empañado por discursos populistas que distraen de soluciones pragmáticas y necesarias, dejando a la ciudadanía descontenta y a la espera de acciones efectivas.
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