Las entidades bancarias en España están bajo el mandato de la Agencia Tributaria para vigilar ciertos movimientos de sus clientes que puedan parecer «sospechosos». Esta vigilancia es parte de un esquema más amplio para mantener un control efectivo sobre el flujo de dinero y prevenir actividades delictivas, como el lavado de dinero y el fraude fiscal. Según la normativa vigente, los bancos están obligados a reportar transacciones que superen los 3.000 euros para pagos y cobros, los 10.000 euros para transferencias, y préstamos y créditos por encima de los 6.000 euros. La cooperación del contribuyente es crucial, ya que la no colaboración puede resultar en multas severas que ascendiesen hasta el 50% de la cantidad en cuestión.
Además de las reglas sobre transacciones bancarias, Hacienda controla rigurosamente los movimientos de dinero en efectivo, especialmente cuando se trata de billetes de 500 euros. Los bancos deben informar a la Agencia Tributaria cuando se detecten retiros de estos billetes, considerados de alto riesgo para actividades ilícitas. Asimismo, con la implementación de la Ley 11/2021, se ha limitado el uso de efectivo para pagos a un máximo de 1.000 euros. Esta medida busca restringir el uso del efectivo para reducir el fraude y la evasión fiscal, obligando a los clientes a utilizar métodos de pago más rastreables para transacciones de mayor cuantía.
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