El Congreso de España ha decidido investigar el apagón ocurrido el 28 de abril mediante la creación de dos comisiones de forma paralela, una impulsada por el PP y otra por el PSOE y Sumar. Ambas propuestas tienen el objetivo de esclarecer las causas del evento, pero divergen en cuanto a los responsables: el PP pone el foco en la gestión del Gobierno y de Red Eléctrica, mientras que la coalición de Gobierno se propone examinar también el papel de las comunidades autónomas y las empresas energéticas. Este desacuerdo refleja una falta de consenso entre los partidos, que se han acusado mutuamente de obstaculizar la unificación de los esfuerzos investigativos.
Las comisiones, que dispondrán de un plazo de seis meses para redactar conclusiones, han generado cierto escepticismo entre los grupos parlamentarios. Los populares han señalado que tienen listos sus propios resultados anticipados, lo que ha suscitado críticas de otros partidos que consideran que las investigaciones están viciadas. La ministra para la Transición Ecológica, que supervisa una investigación oficial separada, ha defendido la imparcialidad de su labor, mientras que el PP denuncia complicidades que, según ellos, serían perjudiciales para una investigación genuina. En medio de este escenario, surgen dudas sobre la efectividad y transparencia de los procesos que ahora están en marcha.
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