En una tumultuosa sesión parlamentaria, todos los partidos alzaron la voz criticando duramente el retraso en la distribución de los 230 millones de euros destinados a cuidados especiales. Los representantes calificaron la situación de «vergüenza», «escándalo» y «falta de humanidad», dado que la ley fue aprobada hace siete meses y los fondos todavía no han sido entregados a quienes más los necesitan. La demora ha dejado a muchas familias y centros de atención sin los recursos esenciales para el cuidado de personas mayores, enfermas o con discapacidad, generando una ola de indignación entre los afectados y sus defensores.
Los parlamentarios han exigido explicaciones y medidas inmediatas para resolver este impasse burocrático, insistiendo en que el retraso es inaceptable y tiene consecuencias directas en la calidad de vida de los ciudadanos más vulnerables. Desde el gobierno, se han comprometido a agilizar el proceso para asegurar que los fondos lleguen a su destino cuanto antes, pero la presión política y social sigue aumentando. La situación ha evidenciado grietas en la gestión administrativa y ha puesto de manifiesto la urgencia de una reforma en los mecanismos de distribución de fondos públicos para evitar que episodios similares se repitan en el futuro.
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