El Congreso de los Diputados se prepara para una votación clave sobre el futuro del denominado escudo social, un decreto ley que incluye medidas como la moratoria antidesahucios y la prohibición de cortar suministros básicos a personas vulnerables. Este texto ya fue rechazado anteriormente en el Parlamento, en una propuesta que también abarcaba la revalorización de las pensiones. En esta ocasión, el decreto ha sido dividido para su evaluación por los legisladores, pero partidos como el PP, Vox y Junts han reafirmado su oposición, argumentando que tal moratoria fomenta la okupación de viviendas. El Gobierno, en un esfuerzo por ganar apoyos, ha introducido una modificación solicitada por el PNV, que exime a propietarios con una única vivienda en alquiler de la prohibición de desahuciar.

En la misma jornada, el Pleno del Congreso también abordará otros decretos importantes, incluyendo ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz y Gelida, además de la revalorización de las pensiones y el establecimiento de límites de precios para productos y servicios en situaciones de emergencia. La discusión y votación de estas medidas revelan la complejidad del panorama político actual, donde las prioridades de gobernabilidad se enfrentan a consideraciones económicas y sociales. A medida que el debate avanza, se evidencian las tensiones entre diferentes partidos y regiones, lo que destaca la importancia de las alianzas y negociaciones en un parlamento cada vez más fragmentado.

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