En medio de un clima de creciente tensión política, el ministro Óscar López ha denunciado lo que percibe como una campaña en contra del fiscal general García Ortiz, describiéndolo como una «causa general» fabricada para perjudicar su imagen. Según López, este esfuerzo parece orquestado con la intención de desestabilizar las instituciones y desprestigiar el trabajo del liderato del ministerio fiscal. Estas declaraciones se producen en un contexto donde la confianza en las autoridades judiciales es esencial, y los intentos de politización generan preocupación entre diversos sectores del gobierno y la ciudadanía.
Por su parte, el Partido Popular (PP) ha lanzado acusaciones serias contra García Ortiz, al señalarlo por presuntamente involucrarse en la destrucción de pruebas. Estas acusaciones reflejan una intensificación en el conflicto político, con el PP exigiendo una investigación exhaustiva que esclarezca la situación. La tensión entre el Ejecutivo y la oposición se amplifica en un momento crítico, con cada lado del espectro político intensificando su retórica y aumentando la presión sobre las instituciones judiciales. En un ambiente cada vez más polarizado, la resolución de estas acusaciones será determinante para la estabilidad política del país.
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