El gobierno chileno enfrenta el complejo desafío de resolver el conflicto histórico con el pueblo mapuche, un proceso que ha sido marcado por incidentes de violencia y decisiones controvertidas. Tras declarar un estado de excepción que parecía contradecir sus principios iniciales, el gobierno de Gabriel Boric implementó el Plan Buen Vivir y convocó a la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. Estos esfuerzos buscan abordar problemas fundamentales como las demandas territoriales y el abandono económico y social, mediante un aumento significativo de la inversión pública y el fomento del diálogo directo con las comunidades afectadas.
A pesar de las dificultades, la estrategia del gobierno ha mostrado algunos resultados positivos con una reducción del 70% en los hechos de violencia desde 2021. Sin embargo, la derecha extrema sigue ofreciendo enfoques más duros, recientemente proponiendo medidas como el estado de sitio. El futuro de este esfuerzo de paz dependerá en gran medida del clima político y de los resultados de las próximas elecciones, según se desprende de las recientes declaraciones de líderes políticos. La continuidad del proceso de paz requiere, por tanto, un firme compromiso de las fuerzas políticas y la sociedad chilena para superar la polarización y promover soluciones duraderas.
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