La jornada política de este sábado se centró en la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha generado un fuerte revuelo en el seno del Gobierno. Con una pena de dos años de inhabilitación y una multa de 7,200 euros por revelar datos reservados, la situación ha llevado al Ejecutivo a iniciar el proceso para nombrar un sustituto. Mientras el presidente Pedro Sánchez permanece en Johannesburgo para asistir a la cumbre del G20, su silencio sobre esta severa sentencia ha sido notable. En contraste, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha manifestado su rechazo a la condena, argumentando que implica un retroceso en materia de justicia.
La condena también ha suscitado reacciones de los socios del Gobierno y de la oposición. Yolanda Díaz, líder de Sumar, ha calificado la decisión judicial como un «punto de inflexión» que socava la separación de poderes y ha cuestionado la imparcialidad del poder judicial. En la acera opuesta, el Partido Popular ha criticado al Gobierno por intentar deslegitimar al tribunal y proteger a su exfiscal general, mientras que su líder, Santiago Abascal, ha escalado el tono al prometer llevar a Sánchez y su equipo ante la justicia por corrupción. Este clima convulso en torno a la figura del fiscal y las futuras implicaciones políticas ha puesto en el centro del debate la independencia judicial en España.
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