La implementación del nuevo reglamento sobre el uso de pulseras antimaltrato ha generado una profunda división entre los partidos políticos en el órgano dirigido por Judith Piquet. Durante las recientes sesiones, varias facciones han expresado su desacuerdo con las medidas propuestas, argumentando que las pulseras no son suficientes para garantizar la seguridad de las víctimas de violencia de género. Este desacuerdo ha intensificado las tensiones en el órgano y ha llevado a un enrarecido clima político, incrementando las diferencias ideológicas sobre cómo abordar la protección efectiva de las víctimas.
En medio de este escenario, Piquet se enfrenta al desafío de mediar entre posturas radicalmente opuestas, en un intento por alcanzar un consenso que permita avanzar en la aplicación efectiva del reglamento. Mientras algunos partidos exigen reformas más profundas, otros defienden las pulseras como una herramienta indispensable en el corto plazo. La situación ha captado la atención pública, evidenciando la creciente sensibilidad social sobre la violencia de género y subrayando la importancia de encontrar soluciones políticas que realmente aborden el problema en toda su complejidad.
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