El juicio en la Audiencia Nacional contra los Pujol ha revelado tensiones subyacentes, cuando el mando del Cuerpo Nacional de Policía encargado de investigar a la familia admitió su «animadversión personal» hacia ellos, debido a haberse visto anteriormente implicado en una causa judicial promovida por los propios Pujol. Aunque el mando fue exonerado, este resentimiento persiste. Durante el juicio, el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, alertó sobre las implicaciones jurídicas de un testimonio que podría estar sesgado por intereses personales. Sin embargo, el inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal asegura su objetividad en la investigación, respaldada por su experiencia profesional. La credibilidad de su testimonio es crucial, ya que los informes sobre presuntas actividades ilícitas de Jordi Pujol Ferrusola están bajo su firma, un elemento clave para la acusación.

En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción disputa la versión de la familia Pujol sobre el origen de su fortuna en Andorra, alegando que no se trata de un mero legado familiar, sino de fondos vinculados a actividades corruptas. El inspector confirmó que sus indagaciones apuntan a que los pagos a Jordi Pujol Ferrusola fueron una fachada para ocultar comisiones ilegales por la adjudicación de obra pública. Sus investigaciones cobraron mayor relevancia tras la confesión pública de Jordi Pujol en 2014, la cual tambaleó el ámbito político catalán, señalando además que las regularizaciones fiscales de la familia, previas al comunicado, fueron incompletas. Esta declaración refuerza la tesis de corrupción que la fiscalía sostiene, poniendo en jaque la defensa de los Pujol y cuestionando la integridad de sus operaciones financieras.

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