Salomé Pradas, exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, está bajo investigación en la causa de la riada que dejó 229 muertos en 2024. Su entorno aguarda que la instrucción liderada por la jueza Nuria Ruiz Tobarra revele toda la verdad sobre lo sucedido. Más de 350 testimonios han pasado ya por el juzgado, y se espera la declaración de Maribel Vilaplana, una periodista que estuvo con el presidente Carlos Mazón durante la catástrofe. Pradas, quien fue despedida cuatro semanas después del desastre, niega haber alterado su relato, afirmando que no estaba al mando directo y descargando responsabilidades en los técnicos. A pesar de las críticas por un retrasado envío de alertas a móviles, su círculo sostiene que las decisiones se informaron adecuadamente a la Presidencia.
El entorno de Pradas insiste en que su prioridad ha sido siempre esclarecer lo acontecido y colaborar con la justicia. A pesar de las críticas por su gestión, aseguran que asumió responsabilidades ajenas en el centro de coordinación de emergencias, actuando desde el inicio de las alertas hidrológicas. La jueza Ruiz Tobarra ha desestimado la teoría del «apagón informativo», que señalaba a organismos estatales, y mantiene la imputación de Pradas por presunta negligencia. Mientras el aniversario de la tragedia se conmemoró con gran dolor, Pradas se enfrenta a acusaciones de homicidio y lesiones imprudentes, delitos penados con varios años de prisión. Aunque la jueza ha rechazado archivar el caso, el presidente Mazón, propuesto en varias ocasiones para declarar como investigado, se ha negado, lo que complica el avance del proceso judicial.
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