La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha reforzado su ofensiva legal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el caso que sigue el Tribunal Supremo por la denuncia de revelación de secretos presentada por la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La APIF, que ejerce de acusación popular, ha solicitado al juez que investigue a García Ortiz por presuntos delitos de «apoderamiento ilícito de información» y «prevaricación». Esta medida sigue al análisis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que incautó información en las oficinas del fiscal general y la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez. Además, la asociación ha instado a las autoridades a obtener protocolos de borrado de datos de dispositivos electrónicos, como móviles y ordenadores, empleados en la fiscalía.
La APIF también ha exigido que se investiguen las llamadas realizadas desde los teléfonos móviles de García Ortiz y Rodríguez durante la noche del 13 al 14 de marzo para determinar si tuvieron contacto con periodistas. Según el organismo, las acciones del fiscal general, consistentes en requerir información sensible de manera improcedente y fuera del horario laboral, constituyen irregularidades serias. El uso de WhatsApp para transmitir órdenes a un subordinado, que supuestamente involucraban el manejo de correos electrónicos confidenciales, ha sido calificado como una «brecha de seguridad en materia de protección de datos». La asociación sostiene que estas prácticas ilegales refuerzan las acusaciones de prevaricación administrativa, sugiriendo además posibles delitos de infidelidad en la custodia de documentos públicos o revelación de secretos.
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