Las listas de espera para el reconocimiento de la discapacidad en España se han convertido en un tema recurrente de preocupación, con tiempos de espera que en algunas comunidades autónomas superan los dos años. Esta situación ha llevado al Defensor del Pueblo a exigir medidas urgentes. Aunque la dependencia presenta también demoras significativas, con un promedio de casi un año para la llegada de prestaciones tras su concesión, las autoridades han presentado una propuesta legislativa que incluye la asignación automática de un porcentaje de discapacidad a quienes ya tienen un grado de dependencia.
La reforma, que se dirije al Congreso después de haber sido respaldada por el Consejo de Ministros, establece que las personas con grado I de dependencia recibirán un 33% de discapacidad, mientras que quienes estén en grados II o III obtendrán un 65% automáticamente. Sin embargo, expertos y asociaciones del sector advierten que esta medida no aborda la necesidad de evaluar la discapacidad de manera individual, además de señalar que sin un adecuado soporte presupuestario, las soluciones propuestas corren el riesgo de quedar en meros parches. La comunidad se muestra cautelosa, conscientes de que el camino hacia una mejora real en el sistema de discapacidad y dependencia es todavía largo y complicado.
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