El juicio por el asesinato de Marielle Franco, concejala y activista de derechos humanos en Río de Janeiro, ha culminado con la condena de Ronnie Lessa y Élcio Queiroz, antiguos policías militares, a penas de 78 y 59 años de prisión, respectivamente. Los dos imputados fueron hallados culpables del homicidio de Franco y su chófer, Anderson Gomes, en un juicio que duró dos días y culminó con un veredicto previsible, dado que ambos cooperaron con la justicia para revelar la conspiración detrás del asesinato a cambio de una reducción de pena. La sentencia ha sido dictada en medio de un escenario judicial que ha reflejado el creciente clamor por justicia en un país donde la violencia política genera una profunda inquietud. El asesinato cobró gran trascendencia nacional e internacional, convirtiéndose en símbolo de la lucha contra la impunidad en Brasil.
La condena representa, según familiares y defensores de derechos humanos, un primer paso hacia una justicia completa, ya que los presuntos autores intelectuales, los hermanos Chiquinho y Domingos Brazão, y un comisario supuestamente implicado, aún esperan su juicio. El caso evidenció las demoras y obstáculos que enfrenta el sistema judicial brasileño, remarcados por la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, hermana de la fallecida. El proceso judicial fue reavivado bajo la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, frente a un contexto político anterior que aparentemente dificultaba los avances. Organizaciones como Human Rights Watch han subrayado la importancia de estas condenas iniciales, instando a recaudar pruebas sólidas para asegurar que los instigadores también sean llevados ante la justicia. La resolución del caso se ha convertido en una causa emblemática para grupos sociales que luchan por equidad y justicia en un clima de profunda polarización política.
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