El Tribunal Constitucional (TC) de España, bajo la presidencia actual, ha decidido no intervenir para impedir que la Audiencia Provincial de Sevilla acuda a las instancias europeas respecto al caso de los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo). Esta decisión marca un precedente en el que el máximo órgano constitucional español opta por no interferir en la búsqueda de asesoramiento o decisiones legales en el ámbito europeo, dejando vía libre a los magistrados sevillanos para explorar esos caminos. El caso de los ERE ha sido uno de los escándalos de corrupción más notables en la historia reciente de España, implicando a numerosos políticos y funcionarios. El movimiento del TC es visto como un reflejo de respeto a la autonomía judicial y una muestra de transparencia en el manejo del caso.
La disposición del Tribunal Constitucional también ha sido interpretada como una medida que fortalece el uso de mecanismos europeos en la resolución de conflictos legales internos de alto perfil. Esta acción puede ser un indicador de la creciente confianza en la colaboración y el apoyo que los organismos europeos pueden ofrecer en la resolución de casos complejos y sensibles, como el de los ERE. El Tribunal Constitucional, al evitar bloquear esta iniciativa, enfatiza la importancia de la cooperación interestatal dentro del marco jurídico de la Unión Europea. La decisión de permitir que la Audiencia Provincial de Sevilla acuda a Europa podría, además, influir en futuros procesos judiciales que busquen supervisión o intervención a nivel continental, estableciendo un estándar de apertura internacional en la justicia española.
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